Hoy he tenido ocasión de participar en Evento Blog España 2008 con una exposición sobre la neutralidad en la red. Un tema candente ya tratado previamente (sin ir más lejos en la sala estaban Wicho, Enrique Dans o Julio Alonso) pero que pese a su gravedad aún es desconocido por muchos de los internautas y merecía ser presentado en un foro tan significado. Este post trata de lo allí discutido.
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El concepto
El concepto de neutralidad en la red se refiere a la necesidad de que la red se opere bajo tres principios:
- No discriminación: todo el tráfico será tratado por igual a lo largo de toda la red
- Interconnexión: el operador de cada red tiene el derecho y el deber de conectarse a cualquier otra red de Internet
- Acceso: los usuarios tienen el derecho a establecer comunicaciones con otros usuarios en igualdad de condiciones
Es decir, que los operadores se mantengan neutros y se limiten a conectar a proveedores de contenidos (sean personas físicas o jurídicas) con aquellos que deseen consultarlos, sin juzgar si la connexión es más o menos pertinente. Los servicios se ponen en los extremos y la red en sí lo transmite todo sin valorar, ni jerarquizar ni priorizar.
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El problema
Algunos operadores de telecomunicaciones ya han caído en la tentación de decidir unilateralmente qué tipo de datos es prioritario para sus clientes. En 2006 ONO ya se vió obligada a reconocer que cuando su red tenía problemas de rendimiento penalizaba el tráfico p2p, un tráfico entre particulares que en un mercado de tarifa plana no generaba ningún ingreso adicional para la compañía y por tanto era menos prioritario para sus intereses. Lo mismo sucedió en Chile con Telefónica, que penalizaba el tráfico de VoIP, es decir, las llamadas telefónicas sobre IP con el que la ciudadanía evitaba las tarifas de telefonía tradicional base del negocio de Telefónica por entonces en el país. Es decir, el operador de telecomunicaciones decidía unilateralmente que tipo de datos merecía una mayor o menor prioridad en la red. Es evidente lo peligroso que resulta que alguien tome arbitrariamente estas decisiones, ya que los móviles que pueden inducir una o otra opción pueden responder a intereses más que opinables. Por ejemplo, British Telecom ha atendido las peticiones del equivalente a la SGAE britànica y penaliza el tráfico de aquellos que descargan música u otros contenidos supuestamente afectados por derechos de la propiedad. En Estados Unidos estos asuntos ya han llegado a la mesa del regulador, que este agosto ya dictaminó que la operadora Comcast se excedió al discriminar el tráfico que debían recibir sus usuarios.
Las operadoras de telecomunicaciones argumentan que la actual Internet y el uso que de ella hacemos sus usuarios requiere infraestructuras cada vez más importantes. Que lo que empezó siendo un uso periférico de los medios existentes se está convirtiendo en algo que obliga a hacer importantes inversiones que deben encontrar un modelo de ingresos que las compense. Si no pueden discriminar el tráfico, amenazan con incrementos de tarifas para poder asumir las inversiones. Este aspecto, bien explicado por
Ricard Ruiz de Querol en la pizarra que acompaña estas líneas, es el argumento de las operadoras para justificar su intervención en el tráfico de las redes. Pero los padres de Internet se rebelan contra ello apelando que si la red ha logrado su desarrollo actual ha sido gracias a su neutralidad, que ha permitido que cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de desarrollarse y expresarse en igualdad de condiciones con cualquier otro.
Para ser precisos, el problema de la neutralidad de la red no debería referirse sólo al papel de los operadores de telecomunicaciones. Los operadores de contenidos también deben garantizarnos su neutralidad, y ya hay quien se queja del poder de Google o Microsoft. Ciertamente, Google puede decidir unilateralmente que ciertos contenidos no son pertinentes, y si deja de indexarlos y de ofrecerlos como resultado en su buscador el perjuicio es claro.
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Las soluciones
El mercado estadounidense tiene menos operadores que el europeo, y además dispone de una red de telecomunicaciones diferente por no decir peor. Parece cierto que su red está llegando a unos niveles de saturación que requieren nuevas inversiones sin demora, y es en este contexto que las operadoras se plantean como amortizar ese esfuerzo. Por lo tanto, tenemos por un lado los intereses económicos de las empresas, y por el otro el derecho de la ciudadanía a que nadie decida en su nombre qué es mejor o peor, qué tipos de datos son más o menos prioritarios. En este contexto han surgido voces que reclaman una legislación que garantice la neutralidad de la red, y las compañías han tomado posiciones mediante la activación de lobbies, tan habituales en Washington. El poder económico tiene mecanismos para defender sus intereses ante el poder legislativo, y ese es un mecanismo que no tiene la ciudadanía. Quejarse en un blog, o desde cien blogs, no parece un mecanismo suficiente para influir en la opinión de los legisladores si lo comparamos con la eficacia de los instrumentos de influencia que usan las grandes compañías para dar a conocer su opinión. Además, en Europa hay un grave divorcio entre las instituciones y la ciudadanía. Sólo hay que ver los índices de participación en las elecciones, o el ya previsible nulo efecto de iniciativas como la cándida Carta abierta que escribimos reclamando que quien fuera presidente de España hiciera el favor de tomar conciencia de la agenda digital del país.
Si Internet ha sido posible gracias a la ausencia de normas con la que se ha desarrollado, no creo que ahora su futuro dependa de que se establezcan normas, ni que sea para garantizar la neutralidad. Creo que si el problema se origina en los argumentos económicos de las operadoras, habrá que buscar soluciones económicas y huir de las razones románticas o emocionales sobre lo que está mejor o peor, de lo que es más o menos ético. Quizá la solución consista en que las operadoras dejen de tratar el asunto como un servicio único y nos ofrezcan alternativas: un servicio neutral y otro que no lo sea, y que cada cual elija el que prefiera. Sospecho que los intereses particulares y los corporativos pueden ser diferenciados, y que quizá yo querré un acceso a la red neutral, pero que una gran compañía con 20.000 empleados prefiera un acceso sin p2p u otro tipo de datos. Allá cada uno con sus opciones. Pero que sean opciones, y no decisiones unilaterales como ahora.
Es decir, que quizá la solución no sea reclamar la neutralidad de la red, sino la transparencia sobre las características de los servicios en la red. Si alguien me ofrece un servicio de acceso a la red quiero saber si va a ser neutral o no. Y no como ahora, que me entero por la prensa que Ono, o Telefónica, o quien sea, ha decidido en mi nombre cuál ha de ser la prioridad en lo que me llega a casa.
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Dos propuestas
Una propuesta a la administración:
Propongo que el regulador nacional de las telecomunicaciones, es decir la administración, me de garantías sobre las condiciones en las que se están prestando los servicios. Que realice auditorías sobre la calidad de los servicios y que informe los resultados de manera transparente. Yo no tengo manera de saber si mi acceso particular a la red está siendo alterado por el operador o no, y le pido (le exijo) a mi gobierno que audite estos servicios y me informe. En ocasiones leo en prensa que han retirado un juguete del mercado por ser peligroso para los bebés, o que han retirado un alimento por tóxico, o un champú por provocar alergias. Quiero que el regulador realice el mismo tipo de controles a los operadores de la red, y que me informe de si realizan o no prácticas que atenten contra la neutralidad de mi acceso.
Una propuesta a la industria:
Propongo que exijamos una cláusula en los contratos con los operadores de telecomunicaciones que nos garantice que recibiremos un acceso neutral a la red. Al elegir operador podremos tener en cuenta si ofrecen o no esta garantía, y si nos engañan podremos apelar a un incumplimiento de contrato. Por contrato, no por ley. Elaboremos una cláusula (de la misma manera que hemos inventado los Creative Commons) y propongámosla a los operadores. En su momento hubo plataformas ciudadanas reivindicando tarifas planas, y al final se consiguieron. Veo más viable una plataforma ciudadana reclamando una cláusula en sus contratos (de ADSL por ejemplo) que el consenso político para legislar al respecto en Bruselas y en cada uno de los países de la Unión Europea.
